Urbano Fernández Robledo es la décimocuarta víctima del amianto en Hego Euskal Herria este año 2013, porque desde 2008 son ya 120 extrabajadores contaminados con el mineral cancerígeno que han fallecido. Trabajó en la empresa Fundiciones Aurrera, en Sestao.
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PUNTA DEL ICEBERG
La asociación de familiares de afectados por el mineral cancerígeno asegura que o que está apareciendo solo es la punta del iceberg, «si las autoridades dieran los datos, se multiplicarían, por lo menos, por diez los afectados»
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Este pasado martes falleció Urbano Fernández Robledo debido a un mesotelioma derivado de la inhalación de fibras de amianto en su actividad laboral. Trabajó 37 años en la empresa Fundiciones Aurrera. Según comunicó la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, había tramitado ante la Seguridad Social el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional, pero «la evolución fulminante del cáncer no le ha permitido conocer esa resolución».
Es el fallecido número catorce este año. Pero desde 2008, que llevan un registro directo, suman ya 120 los trabajadores que han muerto por culpa de la utilización inadecuada del amianto en los procesos de producción y fabricación.
Asviamie considera que «estas inadmisibles cifras de muerte y enfermedad por el amianto, representan la punta del iceberg». Porque entiende que «si existiera un registro real de todos los trabajadores que décadas atrás estuvieron expuestos a la fibra cancerígena del amianto y Osakidetza cumpliera con la obligación de comunicar sospecha del origen laboral de las enfermedades, se multiplicaría por diez, las cifras de muertes por esta causa».
Esta asociación insiste en que las instituciones vascas, «continúan cerrando los ojos, ante semejante catástrofe sanitaria y menosprecian la presencia de amianto en tuberías de agua, tejados, aislamientos o, entre otros, en edificios construidos en los años 60 y 70 del siglo pasado». Esta decisión solo tiene un fin de ocultar «las irresponsabilidades políticas durante la dictadura y la Transición en el control de estas sustancias minerales cancerígenas».
Mientras el silencio y la inacción de la Administración pública «se mantienen impertérritas», los diferentes estudios científicos están mostrando una realidad que, lejos de haber pasado lo peor, todavía «está por pasar nuevos fallecimientos».
El Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio español de Sanidad, entre otros organismos cualificados, anuncian que las muertes «continuaran por lo menos hasta el 2040»
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