Entre 2008 y 2013 en Hego Euskal Herria la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) lleva registradas 110 muertes por el amianto. Es, sin duda, la punta de un iceberg muy grande que, según las estimaciones, hasta el 2025 se puede llevar por delante a 8.000 personas en Hego Euskal Herria. La realidad es que la Administración sanitaria oculta los datos reales de afectados por cáncer derivado de amianto y, todavía, no todos los médicos siguen los protocolos adecuados para garantizar una vigilancia específica ocupacional y postocupacional de aquellos que trabajaron de forma directa o indirecta en contacto con las fibras de amianto. Esa es una de las reclamaciones que los afectados realizan muy a menudo, pero que no termina de implementarse con rigor en los centros sanitarios y hospitales. Por cierto, los estudios científicos del Centro Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, determinan que no hay un número mínimo de fibras de amianto que uno puede inhalar para que le causen un mal. Con una exposición baja ha habido casos de mesotelioma, lo mismo que con exposiciones altas.
Nos encontramos con una realidad variopinta. Empleados de banco que fallecen por un cáncer de amianto fulminante, como es el mesotelioma, en este caso del BBVA en Bilbo o de hospitales, como el de Cruces, donde falleció un trabajador de mantenimiento. O mujeres afectadas por los buzos de sus maridos, que llegaban impregnados de las «fibras asesinas» o mujeres que fueron contagiadas por vivir en frente de instalaciones fabriles que usaban ese mineral cancerígeno, como es el caso de la extinta Productos Aislantes SA (Paisa) en Errenteria. También con cientos de afectados de empresas que trabajaron con hornos de fundido, con calor, etc. Desde los astilleros Euskalduna a la potente empresa CAF de Beasain, en la que ya han fallecido más de 53 trabajadores en sus plantas de Irun, Beasain y Zaragoza. No se libra Michelin de Gasteiz, ni Sidenor (Gerdau en este momento), ni Babcock, ni Renfe, ni La Naval, ni Tubos Reunidos, ni Tubacex, ni Guardian Llodio. Así una larga lista de empresas con las cuales los afectados, en el mejor de los casos, llegan a un acuerdo. Esa realidad que se produce, solo sirve en la mayoría de los casos para evitar que los juzgados sentencien contra las empresas o centros hospitalarios con el objetivo de no pasar ese «mal trago» ante juzgados y medios de comunicación.
Sin embargo, la mayoría de los afectados o sus familiares deben recorrer los juzgados para, primero, tratar de que un juez comprenda su desgracia y, después, esperar a la sentencia que, aunque sea favorable al afectado, sabe que las mutuas y las empresas, incluso la Seguridad Social, la pueden recurrir. Supone años de espera.
Casi dos millones de toneladas
Aunque se sabe de las condiciones cancerígenas del amianto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en sus siglas en inglés) confirma que en 2012 se extrajeron 1,97 millones de toneladas de amianto. Desde 2008 se ha reducido un poco -se extrajeron 2,09 millones de toneladas-. El mayor productor de amianto es Rusia, con 1 millón de toneladas anuales, seguido de China con 420.000 toneladas y Brasil con 306.500 toneladas. El consumo de amianto está extendido en el mundo, y países europeos como Estado francés, Alemania, Países Bajos y Gran Bretaña exportan productos con amianto. No son cantidades elevadas, pero sí que contienen el mineral cancerígeno.
Por lo tanto, el drama se está trasladando a otros lugares y países, en vez de terminar con esa epidemia. Porque se calcula que hasta el año 2025 fallecerán en la Unión Europea más de 500.000 personas por haber inhalado amianto en su vida laboral o diaria. En el Estado español se calcula que serán entre 40.000 y 60.000 personas.
El Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO analiza en un amplio trabajo al que ha tenido acceso GARA la evolución normativa sobre el uso del amianto y da cuenta de los razonamientos que incluyen algunas sentencias judiciales.
Leyes desde 1940 contra el amianto
Entre toda la información, CCOO explica que el abandono del uso del amianto, así como la declaración concursal de las principales industrias del sector, fueron consecuencia directa de un litigio por daños del amianto a principios de los años sesenta del siglo pasado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya dictó un convenio para trabajar en condiciones de seguridad y fue ratificado por el Estado español en 1990, pero hasta junio de 2002 no se prohibió el uso y comercialización. En 1976 a nivel europeo se promulgó una directiva que limitaba el uso de diferentes preparados y sustancias, entre los que se encontraban diferentes tipos de amianto.
Pero quizás, como explica CCOO en su trabajo, en el Estado español la Orden de 31 de enero de 1940 que regula las medidas preventivas y de seguridad frente a los riesgos y las enfermedades profesionales, entre ellas las relacionadas con el amianto, es uno de los principales instrumentos que las víctimas del «mineral asesino» tienen. Porque, en la mayoría de los juicios, los abogados de las empresas o de las mutuas, incluso de la Seguridad Social, ponen en cuestión la existencia de una normativa específica más allá de 1984. La había, pero ni las empresas la aplicaron ni la propia Administración pública puso verdadero interés en que se aplicase.
Porque se calcula que se importaron más de dos millones de toneladas en el siglo pasado por las empresas, amianto que está instalado todavía en muchas compañías, en edificios y en numerosos lugares donde se trató de aislar el calor, porque el amianto sirve precisamente para eso.
El Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO detalla diferentes sentencias y los principales argumentos que reconoce.
Son empresas como Alstom, en Madrid; Ensidesa, en Asturias Construcciones Navales Izar, hoy Construcciones Navales del Norte (La Naval, de Sestao), Nervión Montajes y Mantenimientos; Bridgestone Hispania, Uralita, Unión Naval de Valencia y Levante, Construcción Naval de Gijón, Guardian Llodio. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); Bazán, construcción naval militar; Renfe; Hidro Nitro Española, de Zaragoza; Repsol; Instalaciones de Tuberías y Aislamientos (Itasa); Michelin, Tubos Reunidos, Tubacex, Babcock y otras muchas.
En todas ellas, los trabajadores fallecieron por diferentes tipos de cáncer. Dos son las principales deficiencias que ahondan en todas ellas: la falta de prevención y medidas de seguridad para quienes trabajaron con el amianto, por un lado. Es un elemento generalizado a lo largo de todas las empresas. Y, el segundo elemento, entre otros que aparecen, es la falta de interés de la empresa por garantizar la salud del trabajador, ocultando la peligrosidad del amianto.
