La CEOE ha presentado su propuesta para la reforma fiscal que deberá poner en marcha el Gobierno español a lo largo de este año, en la que plantea eliminar el Impuesto de Patrimonio, retirar el gravamen complementario en el IRPF introducido en 2011 (establecido para los ejercicios 2012 y 2013, y prorrogado para 2014), bajar el tipo nominal de Sociedades y reducir las cotizaciones sociales que pagan las empresas.
Es un ordago. Consiguieron todo de la reforma laboral que, por cierto, ayer hizo dos años de la aprobación por parte del Gobierno español, y conseguirán también que les bajen los impuestos. Es decir, seremos un PARAÍSO FISCAL para los empresarios -que estamos muy cerca- y los más pobres a pagar impuestos a escote para que los empresarios y la elite económica viva a nuestra cuenta, vamos del sudor, la sangre y las lágrimas... Esos planteamientos tendrían que suponer que la Inspección Tributaria les siguiera hasta el último lugar de la tierra. Porque quien no tiene ánimo de pagar impuestos para el bien común de la población/sociedad es que defrauda o tiene pensado hacerlo. Me inclino por lo primero. De hecho, en el Estado español cada año se dejan de recaudar por las arcas públicas alrededor de 80.000 millones por fraude fiscal, en Hego Euskal Herria esa pérdida se traduce en casi 6.000 millones. Si pusieran interés en aflorar el fraude, se acabaría el cuerno del déficit, que cae sobre las espaldas de los más débiles, porque se utiliza como excusa para recortar en mejoras sociales.
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