Agur eta ohore. Jabi Amorrortu.

Jabi Amorrortu ha fallecido por causas naturales.  Un luchador. Un militante y responsable de LAB. Esta semana, días atrás, he tenido la suerte de hablar con el. Primero, en el acto de Cebek donde se encadenaron otros sindicalistas de LAB. El llamo a la lucha por la negociación colectiva. Este viernes también le vi. Un luchador, comprometido con la lucha obrera y de Euskal Herria. Estaba orgulloso estas últimas semanas del éxito que habían conseguido en Cementos Lemona. Siempre con una sonrisa. Que sirvan estas líneas de homenaje para Jabi. Aurrera!!

La mochila de la dignidad

Los trabajadores de Incoesa y Alfus FCC, de Bedia, ayer y la semana pasada los de Virtisú se colocaron la mochila de la dignidad para acudir a Gasteiz para pedir una solución a sus conflictos. Mientras el Gobierno de Urkullu (PNV) ofrece ayudas económicas a los empresarios para activar su capacidad productiva, otros empresarios deciden marcharse de aquí abandonando a sus trabajadores, como es el caso de Virtisú de Enkarterriak, o trasladando a sus trabajadores a Cáceres o Soria, como es el caso de Incoesa.

El empresario, natural de Bedia y prpietario de Incoesa, consiguió muchas ayudas aquí y como recibió ayudas en Extremadura, se larga. Adiós muy buenas. No le importa nada la vida de los trabajadores, las familias. Es defraudante. Son estos empresarios que se quejan por todo, pero que, al final, lo único que buscan es pagar menos y ganar más.
La lucha es lo único que nos queda a los trabajadores. Ellos han coghido la mochila de la dignidad. Lo que hace falta es que los demás también se pongan en pie, porque esto continua. Porque la patronal ha decidido sacar tajada de la crisis: destruye empleo, baja salarios y...mantiene sus beneficios. Avaricia, pura y duda.

Entrevista con Juan Mari Aburto, consejero de Empleo y Politicas Sociales del Gobierno de Gasteiz.

Quieren trabajadores esclavos y que no puedan elevar la voz, del txokotik en Gara de este lunes

Poco a poco vemos que empresarios y gobernantes desvelan sus cartas: quieren trabajadores esclavos y personas necesitadas que no puedan levantar ni la voz por su Estado absoluto de Necesidad. José María Vázquez Eguskiza, expresidente de la patronal vizcaina Cebek, ha dicho que la implantación de las 35 horas en la administración pública desde el inicio de este siglo fue «uno de los primeros golpes a la competitividad». Lo dice con seguridad en este momento porque el Gobierno de Urkullu ha roto ese muro, que construyeron mediante el diálogo social y político en 1999. Ya no existe. La patronal se alegra, porque sus rancias convicciones toman fuerza ante administraciones sumisas a los planes empresariales. Se dictan las decisiones en Madrid, pero se cumplen en Euskal Herria para desesperación de los trabajadores vascos.

Este paso atrás supone más paro. LAB presentó en mayo un estudio pormenorizado para crear 96.058 empleos por distintas vías, es decir, reducir el desempleo en Hego Euskal Herria en un 41%. De esa cantidad, 56.684 puestos llegarían por la aplicación de las 35 horas, que los empresarios cierran la puerta, salvo casos muy contados. Han presionado para que desaparezca en la administración pública para que el resto de trabajadores no tenga ese espejo donde mirarse.

Es un tema esencial. Para crear empleo, quienes ocupan uno deben trabajar menos. Esa es una fórmula que los empresarios no han aceptado nunca. En el Estado francés obtuvo éxito, pero los empresarios vascos prefieren mirar a Alemania, que para combatir las altas tasas de paro que reflejaban sus estadísticas sacaron de la chistera los «minijobs» (miniempleos), Así, de un plumazo desapareció un 20% del paro, aunque el estado de bienestar alemán se hunde.

Los empresarios han logrado mejorar la competitividad de forma artificial despidiendo a miles de trabajadores y reduciendo los salarios.

Si no crecen los salarios, no mejorará la economía; si no se trabaja menos, no mejorará el empleo; si no hay empleo de calidad en las empresas, no se contribuirá a nivel fiscal ni habrá recursos para las pensiones. Es un círculo que la élite ha trazado, porque ellos no lo sufren.

Amianto: El drama se repite en Bilbo y en Sevilla

Las historias se repiten. Amianto por todos los lados. Impunidad gubernamental, empresarial y de las mutuas. No hay derecho. Vidas destruidas, amputadas. Ocurre  en Sevilla, en Donostia y hoy mismo en Bilbo habrá dos juicios. Hombres y mujeres que arrastran sus cuerpos magullados por el cáncer, que arrastran las fotografías de una vida perdida por la falta de medidas de prevención. Muchos de ellos esperando llegar a la prejubilacion o la jubilación para poder vivir después de decenas de años en el tajo y...encontrarse con la muerte cara a cara. Son tantos, tanto sufrimiento, tanta muerte por llegar y vemos que faltan medidas públicas para ahogar estos dramas de la vida, sin poder borrarlos nunca.

El experto que dirige el proyecto sobre los riesgos del amianto en el Estado Español, el catedrático de Historia de la Ciencia Alfredo Menéndez Navarro, de la Universidad de Granada, ofrece las cifras actualizadas de fallecidos por el amianto: 4.987 personas afectadas por mesotelioma, un cáncer que en el 85% de los casos tiene su origen en una exposición laboral al amianto y en el 20% restante por respirarlo en el ambiente. Los datos corresponden a los años 1977 a 2010 y proceden del informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 2011 (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). En  Hego Euskal Herria han fallecido, al menos, 111 personas sede 2008 cuando la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (ASVIAMIE) registra afectados. 

La Cadena Ser de Sevilla narraba lo que ocurría en las puertas del juzgado de Sevilla ayer en el inicio del juicio contra Uralita. Los concentrados, trabajadores y viudas, han recordado la tragedia de la fabrica que se instaló en Bellavista y que hasta 1.400 personas trabajaron en este lugar de muerte para muchos de ellos.  Algunos de los trabajadores que han testificado ante el juez, han asegurado que "comíamos y nos vestíamos con el amianto al lado". Otro recordaba como la fabrica estaba a 100 metros de un colegio de niños "que respiraban" también amianto. Y es que el amianto estaba por toda la barriada de Bellavista. Otra mujer recordaba como el marido se traía placas para techar el patio de la casa, con el peligro que esto suponía.

En El Pais de Sevilla se recordaba: “A veces, durante el proceso de elaboración, se formaban nubes de polvo que se extendían por la fábrica o salían a la calle. Caían las partículas del amianto y nosotros nos lo tomábamos como si estuviera nevando, incluso, bromeábamos con ello”. Lo recuerda Alberto Martínez (71 años) junto a varios de sus compañeros de la antigua fábrica de Uralita de Dos Hermanas (Sevilla). Lo hacen en un corrillo formado a las puertas de los juzgados de lo Social de Sevilla, donde este lunes ha comenzado el juicio en el que 26 extrabajadores de Uralita reclaman a la empresa 2,2 millones de euros por las enfermedades contraídas por el contacto con este mineral.

Es el caso de Amalia Morales (79 años), quien durante dos años trabajó en esta fábrica sevillana. “Cuando entré, acababa de cumplir los 18”, recuerda. Primero trabajó manipulando el amianto; después, como limpiadora. “Me cambiaron de puesto porque comenzaron a salirme eccemas”, apunta. “Más adelante, noté que me ahogaba, que me faltaba el aire”, añade. Los médicos le diagnosticaron asbestosis —enfermedad pulmonar crónica por la inhalación repetida de amianto—. En la misma situación se encuentra Miguel Ángel Rey (73), quien trabajó en la fábrica durante 31 años. “Se ahoga al poco de empezar a andar, tiene que tener cerca su inhalador, apenas sale de casa...”, explica su mujer, Carmen Aguilar, quien asegura que lo peor es en invierno. “Con el frío puede coger una bronquitis muy seria y muy peligrosa”, apunta tras afirmar que confía en que se haga justicia.

En el Diario de Sevilla se recuerda: Al juicio acuden 22 trabajadores y las viudas e hijos de otros cuatro, que reclaman 2,2 millones de euros a la empresa después de que sus patologías -en su mayor parte asbestosis y el cáncer conocido como mesotelioma- fuesen reconocidas como enfermedad laboral. Mientras se celebraba el juicio en el Edificio Noga, sede de los juzgados de lo Social, varias decenas de trabajadores de las fábricas de Uralita en Valladolid, Getafe y Valencia se han manifestado en apoyo de sus compañeros sevillanos con pancartas en las que se leía "El amianto mata" y"Con el amianto la familia March monta un imperio y los obreros al cementerio". En el juicio han declarado los trabajadores demandantes, médicos de los hospitales de Valme y Virgen del Rocío, donde son tratados, y los peritos de los trabajadores. Además, han comparecido miembros del Comité de Seguridad que han asegurado que en la fábrica de Uralita en el barrio sevillano de Bellavista se trabajaba sin medidas de seguridad y limpieza. En cambio, la empresa ha asegurado en el comunicado que "desde mucho antes de la implantación de una normativa específica, Uralita realizó inversiones en materia de seguridad e higiene y creó una Comisión interna de seguimiento de esta problemática, precursora de la que luego se creó por la Administración". 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS DIRECTRICES DE RUGGIE, APROBADAS POR LA ONU EN 2011, A LA LUZ DE LOS DESASTRES DE BANGLADESH?

NOTA:
Transcribo información que me ha pasado Alejandro Teitelbaum, un experto internacional, por su enorme interés. Un trabajo excepcional. 


En el seno de las Naciones Unidas, los intentos de encuadrar jurídicamente con normas obligatorias  las actividades de las sociedades transnacionales a fin de hacerlas responsables de sus propios actos y solidariamente responsables de las  violaciones que pueden cometer sus filiales, sus contratistas y sus proveedores se remonta a comienzos del decenio de 1970.

La Comisión de Sociedades Transnacionales, creada por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) por resolución 1913 (LVII) en diciembre de 1974, compuesta por 48 Estados Miembros se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar sobre las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta para las mismas[1], que nunca vio la luz a causa de la tenaz oposición de las grandes potencias y de las mismas sociedades transnacionales.

En 1998, cuando se estaba discutiendo  el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, no prosperó  la propuesta de la delegación de Francia,    apoyada por algunos otros países y por una sola ONG, la Fundación Lelio Basso,  sobre las mil que estaban presentes en Roma,  de  conferir  jurisdicción a la CPI sobre las personas jurídicas. Lo que hubiera abierto la posibilidad de instar al Fiscal  de la Corte a iniciar una investigación sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por sociedades transnacionales.

En sus sesiones de agosto 2003, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos  adoptó una resolución aprobando un  Proyecto de normas para las sociedades trasnacionales y otras empresas y lo remitió, conforme al procedimiento correspondiente, a la Comisión de Derechos Humanos.

Pese a que el Proyecto aprobado por la Subcomisión tenía no pocas debilidades y omisiones en materia de control y encuadramiento jurídico de las sociedades transnacionales, éstas reaccionaron vivamente contra el mismo con un documento  de  unas 40 páginas, firmado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC  en inglés) y la Organización Internacional de Empleadores (IOE) y  exhortaban a la Comisión de Derechos Humanos  de la ONU a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisión [2].

Finalmente en 2005, la Comisión de Derechos Humanos, ignorando  por completo  el Proyecto de normas adoptado en 2003 por la Subcomisión, aprobó  la Resolución 2005/69 en la que invitó al Secretario General de la ONU a designar un relator especial.
Y para que nadie pensara que el Proyecto de la Subcomisión podía invocarse como una norma internacional vigente, la Comisión de Derechos Humanos se ocupó de precisar en el último párrafo de su resolución 2004/116 que dicho Proyecto “…al ser un proyecto de propuesta, carece de autoridad legal y que la Subcomisión no debería ejercer ninguna función de vigilancia a este respecto”.
El Secretario General designó como Relator especial al señor Ruggie quien elaboró las Directrices que fueron aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en 2011.
En su informe final (párrafos 11 y 14 de la Introducción) el señor Ruggie escribió:
11…The Guiding Principles addressing how Governments should help companies avoid getting drawn into the kinds of human rights abuses that all too often occur …

Es decir que los Principios rectores no son ni aspiran a ser  normas obligatorias sino solo indicaciones de cómo los Gobiernos deben ayudar (no controlar y sancionar) a las compañías para que eviten ser arrastradas a cometer las clases de abusos contra los derechos humanos que ocurren demasiado a menudo. …14. The Guiding Principles’ normative contribution lies not in the creation of new international law obligations…Es decir la contribución normativa de los principios rectores no radica  en la creación de  nuevas obligaciones en el derecho internacional.

Los Principios rectores son pues, meras orientaciones. Carecen de obligatoriedad tanto para los Estados como para las empresas.
Corroborando esto, en julio de 2012 se publicó  un Informe de la Secretaría General de la ONU  que   fue presentado al Consejo de Derechos Humanos en sus sesiones de setiembre de 2012. Su título: « Contribución del sistema de las Naciones Unidas en conjunto a la promoción del programa relativo a las empresas y los derechos humanos y a la divulgación y aplicación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos  (A/HRC/21/21) ».
Todo el Informe se refiere a los Principios Rectores, sobre los  que el párrafo 11 reitera lo que ya se sabe: que de ellos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”. Dicho de otra manera que son de aplicación VOLUNTARIA.
CUMPLIENDO ASÍ CON LA EXIGENCIA, REITERADAMENTE MANIFESTADA,  DE LAS GRANDES EMPRESAS TRANSNACIONALES.

¿Cuáles son las enseñanzas que pueden derivarse de esta breve historia y de la vigencia de las Directrices,  sobre todo a la luz de la sucesión de tragedias acontecidas en Bangladesh ?
Hasta el día de hoy las víctimas y sus familiares no han sido indemnizadas, el Gobierno bangladí acaba de crear una comisión que « estudiará » el aumento de los salarios de los trabajadores (los más bajos del mundo)  que deberá expedirse en el plazo de SEIS MESES, no hay normas obligatorias vigentes, ni nacionales ni internacionales, que obliguen a cumplimentar el acuerdo celebrado en mayo entre ciertas organizaciones sindicales y un grupo de sociedades transnacionales, el que, por otra parte,  sólo concierne  la seguridad de los edificios.
Es decir que,   después  de 40 años de sucesivos intentos frustrados y pese – o a causa de- las Directrices  aprobadas en 2011, las sociedades transnacionales  siguen gozando de total impunidad cuando cometen violaciones a los derechos humanos y tampoco  responden solidariamente  cuando son sus filiales o proveedores quienes cometen dichas violaciones.--

[1] Nations Unies, Conseil économique et social, Commission des sociétés transnationales: Rapport sur la première session, document E/5655; E/C.10/6 (New York, 1975, paragr. 6 et 9).
[2] International Chamber of Commerce, Organisation Internationale des Employers, Joint views of the IOE and ICC on the draft “Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights”. www.iccwbo.org  . Véase también  Corporate Europe Observatory (CEO), Shell Leads International Business Campaign Against UN Human Rights Norms . CEO Info Brief, March 2004

Nos roban con impunidad y a plena luz del día, (txokotik en Gara)

El sobresalto de esta semana tiene que ver con las pensiones, o mejor dicho sobre los ingresos, que es la madre del cordero de esta batalla que se lidera en la sociedad.

¿Por qué estos supuestos expertos llegan a esa conclusión de reducir las pensiones y dejarnos un futuro difícil? De los doce, ocho han trabajado, colaborado y cobrado de empresas privadas que tienen intereses propios. ¿Por qué el Gobierno del PP confía precisamente una decisión tan trascendental en personas que han tenido o tienen una ligazón tan directa con el negocio de las pensiones privadas? Fácil.
Solo buscaban argumentos de ese círculo para apoyar el recorte de las pensiones, generar sufrimiento a la población y, a la vez, alimentar al negocio privado. Un responsable de CCOO ha participado en esta escabechina. Es lamentable. También hay alguno otro cercano a UGT y PSOE. No es de extrañar. Fue el PSOE en 1984, creo recordar, que empezó con los recortes en las pensiones hasta que llegó el Pacto de Toledo y... ahí se entró en un proceso de mentiras continuas para debilitar las pensiones futuras. En 2011, el PSOE con el apoyo de UGT, CCOO, realizó otra reforma. En Hego Euskal Herria cosechó una huelga general. Un año después el PP atacó, de nuevo, vio que en la debilidad estaba su beneficio, como así parece haberlo logrado.
No hay recursos porque se destruye empleo. El gasto en pensiones en el Estado español es de los más bajos de la UE respecto a la riqueza que se genera y seguirá siendo bajo dentro de cuatro décadas. Los últimos datos confirman que hay algo más de dos cotizantes por pensión, igual que en 1988. Sin embargo, el negocio privado tiene prisa. Hasta marzo acumulan ya casi 88.000 millones de patrimonio, mientras que el fondo de reserva de las pensiones no sobrepasa los 68.000 millones.
El problema, al final, son los ingresos. Estos llegan por los impuestos. En la anterior crisis, a mediados de los años noventa del siglo pasado, los más ricos pagaban el 58% en el tramo alto del IRPF, hoy lo hacen por debajo del 50%. Los beneficios de las empresas pagaban un 35%, ahora entre 24% y 28%. Ese es el problema: nos digan lo que nos digan, los que mas tienen pagan menos que en la anterior crisis. ¡Eso es lo que debe resolverse!